Por Abel Rodríguez
Las Farmacias del Bienestar han sido presentadas por el gobierno federal como una respuesta contundente al histórico desabasto de medicamentos en el sistema público de salud. Bajo el paraguas del programa Salud Casa por Casa, la iniciativa promete llevar tratamientos gratuitos a los grupos más vulnerables del país. Sin embargo, más allá del discurso oficial, el proyecto arrastra dudas que ponen en entredicho su viabilidad real.
La propuesta parte de una premisa incuestionable: millones de personas, en especial adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, enfrentan enormes dificultades para acceder a sus medicamentos. No obstante, el problema no radica únicamente en el punto de entrega, sino en una crisis estructural de financiamiento, planeación y logística que el Estado no ha logrado resolver en los últimos años.
Los primeros reportes sobre la operación de las Farmacias del Bienestar revelan una implementación improvisada. Módulos sin personal, espacios cerrados o instalaciones precarias contrastan con la magnitud de la promesa gubernamental. La exposición de medicamentos a condiciones inadecuadas, como el sol o el calor, no solo evidencia falta de planeación, sino que representa un riesgo sanitario que no puede minimizarse.
A ello se suma la sombra de la Megafarmacia del Bienestar, un proyecto que fue anunciado como la gran solución nacional y que terminó convertido en símbolo de ineficiencia. Las bajas cifras de surtimiento y los altos costos de operación siguen frescos en la memoria pública, alimentando el escepticismo ante una nueva estrategia que, en esencia, parece replicar viejos errores con un nuevo nombre.
Otro aspecto preocupante es el alcance limitado del programa. Al centrarse en un número reducido de medicamentos para diabetes e hipertensión, se deja fuera a miles de pacientes con padecimientos graves como cáncer, enfermedades raras o trastornos de salud mental. El derecho a la salud no puede fragmentarse ni jerarquizarse según conveniencia política o presupuestal.
Finalmente, el eslabón más frágil del programa es el personal de salud. Médicos y enfermeras que recorren comunidades bajo el esquema de Salud Casa por Casa lo hacen sin contratos formales ni prestaciones básicas. Esta precarización laboral contradice el discurso de bienestar y pone en riesgo la continuidad misma del programa.
Las Farmacias del Bienestar reflejan una constante en la política pública reciente: anunciar soluciones rápidas para problemas complejos. Sin una reforma de fondo al sistema de salud, sin transparencia en el gasto y sin condiciones dignas para el personal médico, estas farmacias corren el riesgo de convertirse en un paliativo político más, incapaz de resolver la crisis que dice combatir.
