Por Abel Rodríguez
La camioneta se detuvo sin luces frente a una casa cercada, a las afueras de Nogales. Eran casi las tres de la mañana. A empujones, bajaron a Luis, de 27 años. No sabía a dónde lo llevaban. Solo alcanzó a escuchar a su madre decir que “era por su bien”.
Así comenzó su paso por un anexo.
“Me amarraron las manos con un cinturón y me dijeron que aquí no venía a preguntar, venía a obedecer”, recuerda. “Si gritaba, había castigo. Si lloraba, también”.
Historias como la suya se repiten en Sonora, en la frontera norte y en todo México, donde miles de personas con problemas de alcoholismo o drogadicción son internadas en centros de “rehabilitación” que operan en la ilegalidad, sin supervisión médica y con prácticas que rayan —y muchas veces cruzan— la línea de la tortura.
Un secreto a voces en colonias populares
En Nogales, Hermosillo, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado, los anexos no son clandestinos en el sentido estricto: los vecinos saben dónde están. Se escuchan los gritos, se ven llegar camionetas de madrugada, se sabe que ahí “encierran a los viciosos”.
Lo que no se ve es la intervención del Estado.
La mayoría de estos lugares no cuenta con permisos sanitarios, no tiene médicos, psicólogos ni trabajadores sociales. Funcionan en casas adaptadas, bodegas o ranchos improvisados. En su mayoría se sostienen con cuotas semanales pagadas por las familias y constituye un negocio redondo para los dueños de estos «centros de rehabilitación».
“Pagábamos mil quinientos pesos por semana”, cuenta María, madre de un joven internado en Hermosillo. “Nos dijeron que si no lo metíamos ahí, se iba a morir en la calle. Yo confié”.
El método: someter para corregir
Dentro de los anexos, la lógica no es terapéutica, es disciplinaria.
Los testimonios coinciden: golpes como forma de control, humillaciones públicas, rezos obligatorios, jornadas enteras de pie, aislamiento como castigo. La abstinencia se impone sin atención médica, incluso en consumidores de alcohol o metanfetamina, donde el síndrome de abstinencia puede provocar convulsiones o la muerte.
“Me tuvieron tres días sin comer por ‘respondón’”, relata Luis. “A otro muchacho lo dejaron amarrado porque temblaba mucho. Decían que era el demonio saliendo”.
No hay expedientes clínicos. No hay diagnósticos. No hay consentimiento informado.
La adicción se trata como pecado, no como enfermedad.
Cristal, frontera y abandono
En Sonora, el problema se agrava por la expansión del consumo de metanfetamina, particularmente en zonas fronterizas. El “cristal” es barato, accesible y devastador. Ha llenado las calles de personas con deterioro físico y mental acelerado.
Pero el sistema público de salud no creció al mismo ritmo en la idea de que el problema de las adicciones aún no es grave en el país como continuamente los declaran las más altas autoridades del país:
El presidente López Obrador (AMLO) aseguró que las costumbres y nuestros antepasados han ayudado a que no se consuman drogras en México. «Es indudable que hay tráfico, violencia, pero no consumo, o es muy poco el consumo de drogras en el país»
Conseguir un espacio en un centro público de atención a las adicciones puede tardar meses. En comunidades pequeñas o zonas rurales, simplemente no existe esa opción. La alternativa inmediata, barata y disponible son los anexos.
“Es eso o la calle”, dicen muchas familias.
El dilema es falso, pero el abandono es real.
Muertes que no hacen ruido
En los últimos años, medios nacionales han documentado decenas de muertes al interior de anexos en el país. Incendios en instalaciones sin salidas de emergencia. Golpizas. Negligencia médica. Desnutrición.
En Sonora, los casos rara vez llegan a la agenda pública. Cuando ocurre una muerte, el centro cambia de nombre o se traslada. No hay seguimiento. No hay responsables.
“Mi hermano salió peor de lo que entró”, dice Ana, de Ciudad Obregón. “Y tuvimos suerte de que saliera vivo”.
Las denuncias casi nunca prosperan. Muchas familias sienten vergüenza. Otras tienen miedo. Algunas creen que denunciar sería aceptar que se equivocaron.
La normalización de la violencia
Quizá lo más grave no es que existan anexos violentos, sino que socialmente se acepten.
Frases como “a los golpes entienden” o “si no los encierran, no cambian” siguen siendo comunes. La violencia se justifica como método. El encierro forzado se vende como acto de amor.
Mientras tanto, el Estado mira de lejos.
Las autoridades sanitarias reconocen que no pueden supervisar miles de centros irregulares. Las policías municipales suelen intervenir solo cuando hay escándalo. La Comisión de Derechos Humanos recibe quejas, pero pocas llegan a sanción.
La impunidad es parte del sistema.
¿Rehabilitación o castigo social?
Los anexos funcionan, en muchos casos, como espacios de contención social: lugares donde se encierra a quienes incomodan, a quienes no encajan, a quienes estorban en la vía pública.
Son el último eslabón de una cadena de exclusión que empieza con pobreza, desempleo, violencia familiar y falta de atención en salud mental.
No todos los centros son iguales. Existen esfuerzos comunitarios honestos. Pero la ausencia de regulación permite que bajo el mismo nombre operen verdaderos centros de castigo.
Una deuda que sigue abierta
La pregunta no es por qué existen los anexos, sino por qué el Estado permitió que se convirtieran en la principal respuesta a las adicciones.
Invertir en salud mental, prevención, atención comunitaria y tratamientos basados en evidencia no es un lujo: es una obligación. Mientras eso no ocurra, la rehabilitación seguirá ocurriendo en la sombra, a golpes y sin derechos.
Porque ningún proceso de recuperación debería comenzar con miedo.
Y porque en Sonora, como en todo México, la frontera más peligrosa no siempre es la geográfica, sino la que separa la dignidad humana del abandono institucional.
