Por Abel Rodríguez
En un estado con alta demanda de seguridad privada, miles de trabajadores en Sonora desempeñan tareas esenciales: vigilancia de hospitales, plazas, edificios, fábricas, fraccionamientos, oficinas públicas y privadas. Sin embargo —según denuncias recientes— muchos de ellos trabajan en condiciones precarias: jornadas excesivas, sueldos bajos, falta de prestaciones, ausencia de seguridad social, empresas irregulares y riesgos constantes.
Se estima que en Sonora hay unos 28 000 guardias de seguridad privada distribuidos en decenas (o centenas) de empresas que ofrecen servicios de vigilancia, seguridad, custodia, resguardo. Oficialmente solo una parte de las empresas están reguladas; según denuncia del sindicato local, de un total de cerca de 430 compañías operantes, únicamente 170 cuentan con permiso oficial.
Muchas de las empresas operan sin cumplir requisitos esenciales: no registran a sus empleados, no los afilian al servicio médico/seguridad social, no proveen las prestaciones de ley, e incumplen con normativas de capacitación y certificación.
Además, la supervisión estatal ha sido insuficiente: la regulación existe (con leyes locales), pero su aplicación real falla en numerosos casos
Este contexto genera un mercado laboral informal, de alta rotación, vulnerabilidad y explotación, donde miles de guardias trabajan sin las garantías mínimas.
Condiciones denunciadas: salarios bajos, jornadas extenuantes y falta de prestaciones
Según las denuncias recogidas por sindicatos, medios y los propios trabajadores, las principales problemáticas son:
- Jornadas de 12, 14 e incluso 24 horas continuas, cuando la ley marca un límite mucho menor.
- Falta de pago de horas extra, días festivos, horas nocturnas.
- No afiliación al IMSS ni al Infonavit; lo que implica ausencia de seguridad social, acceso a salud, vivienda digna, pensiones u otras prestaciones.
- Sueldos bajos, con recortes, descuentos injustificados, pagos atrasados, y en muchos casos salarios por debajo de lo pactado en contrato.
- Falta de condiciones dignas de trabajo: guardias obligados a permanecer largos periodos de pie, sin sombra, sin agua, sin acceso a sanitarios adecuados —a pesar del clima extremo de Sonora
- Ausencia de capacitación o certificación obligatoria: muchos guardias nunca reciben entrenamiento, adiestramiento, protocolos de seguridad, atención a emergencias, primeros auxilios o certificaciones de competencia, pese a que la ley exige capacitaciones a las empresas.
En conjunto, estas condiciones han sido calificadas por organizaciones y defensores como una forma de “explotación laboral”, una situación que vulnera derechos fundamentales del trabajador.
Voces desde la caseta: testimonios reales (identidad resguardada)
Para dar rostro humano a esta problemática, entrevistamos a cinco guardias de seguridad privada en distintos municipios de Sonora: dieron su testimonio con nombres ficticios, por temor a represalias. Todos coinciden en afirmar que sus condiciones laborales son duras, injustas y muchas veces degradantes.
“Aquí aguantamos porque no hay de otra” — Juan (Hermosillo)
Juan, de 49 años, trabaja en la caseta de un fraccionamiento residencial al norte de Hermosillo. Su jornada empieza a las 6:00 a.m. y —teóricamente— termina a las 6:00 p.m. Pero muchas veces el relevo no llega a tiempo y termina trabajando 14, incluso 15 horas. Según él:
“Nos dicen que el turno es de 12 horas, pero a veces llega tarde el relevo y nos quedamos 14, hasta 15. No pagan horas extra. Dicen que ‘ya está incluido’ en el sueldo.”
Juan reconoce que ha tenido otros trabajos —como en maquilas o construcción— pero que ninguno ofreció estabilidad real como este. A pesar del bajo salario y las jornadas largas, siente que no tiene muchas opciones.
“Aquí por lo menos sé que no me van a correr de un día para otro. Pero tampoco pagan lo justo. El calor, las noches, todo pasa factura.”
“No tenemos IMSS; si pasa algo, es por nuestra cuenta” — Ángela (Nogales)
Ángela, de 36 años, vigila la entrada de un hospital privado en Nogales. Su labor implica recibir pacientes, controlar accesos, atender emergencias menores y vigilancia general.
“Cuando entré me dijeron que me iban a asegurar. Ya llevo un año y sigo sin IMSS. Si me enfermo, tengo que pagar particular.”
Relata que varios compañeros han sufrido crisis de salud, caídas o desmayos durante su turno, sin que la empresa brinde apoyo médico:
“Una vez un compañero se desmayó porque llevaba casi 20 horas sin dormir. Lo llevaron al hospital, pero tuvo que pagar él. La empresa sólo dijo que ‘investigaría’. Nunca le pagaron nada.”
Ángela expresa su preocupación: sin seguridad social, cualquier accidente o enfermedad podría representar un gasto catastrófico para ella y su familia.
“Nos pagan tarde y a veces menos de lo que dice el contrato” — Rubén (Cajeme)
Rubén trabaja para una empresa que presta servicios de seguridad a dependencias públicas en Cajeme. Su contrato marca un salario mensual “prometido”, pero en la práctica muchas veces recibe menos, o con retraso.
“A veces la quincena se retrasa una semana. Te dicen que la Secretaría no ha depositado, y pues uno no sabe. Nomás te esperas porque no queda de otra.”
Además, comenta que si falta unos minutos, olvida un documento, o “no está bien presentado”, le descuentan parte del salario: 200, 300 pesos, según les digan. Esto convierte un sueldo ya bajo en algo aún más precario.
“El turno de 24 horas nos está enfermando” — Luis (Guaymas)
Luis trabaja en una bodega industrial en Guaymas bajo un esquema conocido como “24×24”: trabaja 24 horas continuas, descansa 24, y vuelve a empezar.
“Al principio aguanta uno, pero después de unos meses te empieza a doler todo. Te duermes parado. El cuerpo no puede con eso.”
A pesar de que la normativa laboral establece jornadas más cortas, afirma que la empresa ignora la ley:
“La empresa dice que si no te gusta, hay veinte que quieren entrar. Y pues sí, así es.”
Para él, el bajo salario —sumado al estrés, al insomnio y al desgaste físico— afecta su salud.
Las reformas recientes y promesas: ¿soluciones reales?
La Ley Silla
Una de las iniciativas más recientes al respecto es la “Ley Silla”, que fue aprobada con el fin de otorgar a trabajadores que realizan labores de pie prolongadas —como guardias, vendedores, personal de tiendas, etc.— el derecho a sentarse durante su jornada o tener descansos intermitentes.
En Sonora, el sindicato local saludó la aprobación de la ley como un avance: se espera que beneficie a unos 28 000 guardias en activo.
No obstante, algunos críticos advierten que la ley —tal como está redactada— es limitada: obliga a dar una silla pero no aborda otros problemas estructurales como salario, prestaciones, jornadas, seguridad social, capacitación, certificación, ni regulación efectiva.
Denuncias, exigencias de reforma integral y falta de cumplimiento
Organizaciones sindicales y defensores laborales han demandado al Congreso del Estado y a la Secretaría del Trabajo de Sonora una reforma profunda de la normativa que regula la seguridad privada. Buscan que se obligue a las empresas a cumplir con la ley: registro, permisos, salario digno, prestaciones, seguridad social, certificación, trato digno, condiciones adecuadas, supervisión estatal real.
En 2025, diversas empresas han sido señaladas por incumplimiento reiterado. La autoridad estatal —ante denuncias— indicó que algunas podrían perder su registro si no regularizan su situación.
Además, el gobierno estatal afirma que existe un plan para registrar formalmente a los guardias y regular a las empresas de seguridad privada, con la intención de garantizar un marco legal.
Por su parte, también se han implementado programas de capacitación —aunque limitados— para algunos guardias: primeros auxilios, protocolos de violencia, ética, atención a emergencias, mediación, etc.
Conclusión: justicia pendiente para quienes cuidan
El retrato que emerge es claro: los guardias de seguridad privada en Sonora realizan una labor imprescindible para la vida cotidiana: resguardan hospitales, empresas, fábricas, espacios públicos y privados. Mantienen vigilia en noches, en calor, lluvia, frío, en contextos vulnerables o de riesgo.
Pero a cambio de esa labor —esencial para la seguridad social y privada— reciben condiciones laborales que muchos calificarían de injustas: sueldos bajos, jornadas extenuantes, falta de prestaciones, inseguridad social, irregularidades, precariedad.
Los testimonios con nombres ficticios demuestran que detrás del uniforme hay personas con familias, con sueños, pero también con vulnerabilidades: salud, estabilidad, dignidad.
Las reformas recientes —como la Ley Silla— podrían representar un paso, pero por sí solas no solucionan el problema estructural. Para dignificar el trabajo de seguridad privada en Sonora se necesita: regulación real y efectiva; supervisión; cumplimiento de leyes laborales; empresa responsables; respeto a derechos humanos y laborales; seguridad social; certificación y profesionalización; sueldos dignos; jornadas justas.
Mientras eso no ocurra, muchos guardias seguirán “vigilando” una seguridad ajena… sin poder garantizar la suya propia.
